Nuestro cliente, autónomo dedicado al comercio de juguetes y artículos de fiesta en un municipio de la Región de Murcia, llegó a una situación de insolvencia tras años arrastrando deudas de origen muy diverso.

El grueso de su pasivo venía de la vivienda que había adquirido más de veinte años atrás con financiación bancaria: la casa terminó siendo subastada y, aun así, quedó un remanente pendiente de 56.533 € que la entidad acreedora cedió después a un fondo de inversión. A ello se sumó el cierre y la liquidación de la pequeña sociedad de telecomunicaciones y electricidad de la que había sido titular, hundida tras la crisis de 2008.

Ya como autónomo del pequeño comercio, sus rendimientos netos fueron prácticamente nulos —e incluso negativos— durante varios ejercicios, una situación que la pandemia de 2020 agravó todavía más. Para cubrir sus gastos básicos había ido tirando de una tarjeta de crédito, confiando en una recuperación del negocio que nunca llegó. Cuando acudió a nuestro despacho no era titular de ningún bien o derecho con valor de liquidación.

Tras la evaluación inicial gratuita confirmamos que el cliente reunía todos los requisitos de la Ley de Segunda Oportunidad y, en particular, la condición de deudor de buena fe. Al carecer por completo de bienes liquidables, la vía adecuada era el concurso sin masa regulado tras la reforma de la Ley 16/2022.

Presentamos ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia la solicitud, acompañada de la memoria económico-jurídica y la relación de acreedores, y se declaró el concurso sin masa. Transcurrido el plazo legal sin que ningún acreedor solicitara el nombramiento de administración concursal, instamos formalmente la exoneración del pasivo insatisfecho. Ningún acreedor se opuso.